La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA) publicará el viernes un informe sobre cómo la pandemia ha golpeado a estas comunidades en 16 departamentos del país.

La pandemia del COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada a las poblaciones afros y ha dejado al descubierto las profundas desigualdades sociales y los pobres indicadores de bienestar que tienen quienes pertenecen a este grupo poblacional.

Esa es la conclusión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en un informe presentado en enero pasado y según el cual el problema se deriva, en buena parte, porque persisten “prácticas discriminatorias y racistas que determinan peores condiciones de vida para esta población, sobre todo en los temas de salud”.

En Colombia, de acuerdo con el mismo documento, se estima que 3,5 millones de personas son afrodescendientes y el año pasado el país tuvo la mayor tasa de pobreza de la región entre esta población: 40.8 % Para julio de 2020, de los nueve municipios en que esta población era mayor, siete se encontraban entre los diez con más casos de COVID-19.

Los datos existentes, sin embargo, no son precisos ni suficientes. Esa es la razón por la que la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, una plataforma conformada por más de 300 organizaciones que trabaja por los derechos humanos de estas comunidades, decidió emprender la tarea de realizar un estudio nacional para conocer las particularidades de dicha población con datos desagregados. Dora Inés Vivanco, investigadora de la entidad, habla con El Espectador del proceso y sus hallazgos.

¿De dónde nace la necesidad de hacer este informe?

Con la pandemia los problemas se hicieron más visibles. La falta de información oficial facilitó que se crearan rumores sobre que los afros no se contagiaban. Esto hizo que muchos territorios llegaran a altos picos porque las personas no se cuidaban. Eran necesarios los mecanismos para saber qué está pasando en las comunidades. En marzo de 2020 arrancamos el proceso de creación de un instrumento que facilitara recoger esta información. Diseñamos la plataforma y fue un gran reto técnico. Era necesario para mantener la confidencialidad y el cuidado de la información, porque muchos de los colaboradores son líderes y lideresas amenazados. Después elaboramos las preguntas e hicimos el trabajo en territorio. Yo como investigadora acompañaba esos procesos tanto en las dudas técnicas como de las preguntas. Hacíamos los ajustes pertinentes conforme recibíamos la retroalimentación de la gente.

¿Cuál es la diferencia entre los resultados del informe y los oficiales?

En los datos hay un subregistro estadístico, no hay cómo demostrar que los muertos son más. Es importante la desagregación étnica, porque la invisibilidad estadística nos está costando como pueblo afro frente a las decisiones que se están tomando a nivel nacional. No les hacen frente a las situaciones territoriales de manera diferencial. Además, hay brechas de desigualdad. En 2019, la pobreza multidimensional para la población afrodescendiente se ubicó en el 30,6 %, por encima de la pobreza nacional, que fue de 19,6 %, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Estas brechas de inequidad limitan el goce efectivo de derechos y se ha recrudecido debido a la pandemia por COVID-19.

¿Cuál es el objetivo de esta investigación?

Tomar una radiografía, en ese momento, a esa población con todas sus particularidades para conocer las condiciones de datos demográficos, salud (física y psico-social), educación, vivienda, protección en el territorio (en el marco del conflicto armado), económico en términos de trabajo y prácticas culturales (la forma en que expresan su espiritualidad y saberes ancestrales). Esos son los siete aspectos en los que se centró el informe y en cada uno de ellos se encontraron vulneraciones. Sabemos que no es la realidad de toda la población afro, sino de los 536 que participaron en el estudio, pero sí es importante ver esos datos para plantear alternativas. Reconocer esas situaciones permite que las organizaciones no gubernamentales y el Estado realicen proyectos acordes a las necesidades de la población. Que la planeación, en los diferentes niveles, sea más respetuosa, horizontal y participativa. No pretende dar soluciones mágicas, esto no soluciona el problema. Hay que seguir fortaleciendo el tejido social y la presencia institucional.

¿Por qué se eligieron esos siete aspectos para realizar el estudio?

Son elementos claves para un análisis integral que da cuenta de las barreras estructurales que dificultan hacerle frente a la pandemia. Es urgente en este sentido la intervención de la institucionalidad, no diciendo que todos están incluidos en las medidas que se han tomado, sino que aborden al pueblo afrodescendiente con una perspectiva desagregada. El 65 % de la población tiene empleo informal. Gran parte se siente excluida en términos de salud y educación. Hay problemas de conectividad. No se garantiza el acceso al saneamiento básico y no se pueden garantizar las medidas de bioseguridad y autocuidado, porque no se tienen las condiciones para ello. El 33 % de los participantes del estudio dicen que la principal necesidad básica que les cuesta cubrir es la alimentación y a otro 32 % se le dificulta pagar los servicios públicos.

Usted habla de racismo estructural ¿en qué consiste?

Son las problemáticas históricas de los afrodescendientes. Marca las barreras estructurales y la invisibilización que hemos tenido en la construcción de nación, el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos. Están enunciados en la Constitución, pero se quedan solo ahí. Necesitamos reconocer las particularidades de la población y del territorio para que las personas con esos brechas y vacíos puedan acceder a sus derechos. Lo primero es reconocer que hay racismo y no es el tema de un funcionario o funcionaria, sino de un sistema que permanece y limita la comprensión de las problemáticas.

¿De qué formas se ha mantenido el tejido social de los afrodescendientes durante el confinamiento?

Documentamos que se realizaron actividades para mantener los saberes ancestrales de manera virtual. También el cuidado de la estética afro como forma de resistencia, por ejemplo desde el cabello. En el Cesar se hizo un trueque con productos alimentarios y sesiones virtuales con la comunidad para hablar de la pandemia. También allí y en otros lugares fue muy importante la guardia cimarrona, que se encargaba de controlar los accesos al territorio para que no hubiera circulación desmedida. Son zonas de paso o turismo y de este modo también se protegía a la comunidad. Desde el Magdalena Medio resaltaban la importancia de la promoción de las preparaciones gastronómicas de la cultura afro. Entonces se iban organizando vía telefónica, se turnaban cada semana para vender sus productos y se promocionaban con otras personas. Así todos se favorecieron. Estos son algunos de muchos ejemplos de cómo la comunidad fortaleció su tejido social y lazos de solidaridad en la comunidad pese a las limitaciones del contexto.

Los problemas de conectividad

El acceso a internet fue una de las dificultades que tuvo la CNOA para realizar el informe de la población afro durante la pandemia. Por eso tuvieron que buscar alternativas como imprimir los formularios, hacer llamadas telefónicas y reuniones presenciales. Después los colaboradores debían montar la información a la red.

“La recolección de los datos para el informe fue compleja, la población que no contara con los equipos tecnológicos. Muchos compañeros tenían dificultades con el internet entonces trabajaban en la noche o en la madrugada que la conexión podía ser un poco mejor”, explica Dora Inés Vivanco.

  • https://www.elespectador.com/noticias/nacional/la-invisibilidad-estadistica-nos-esta-costando-como-pueblo-afro/

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