HA PASADO UN AÑO DESDE QUE EL PRESIDENTE SANTOS PROMETIÓ SU PROGRAMA INTEGRAL PARA BUENAVENTURA, PERO LA REALIDAD DEL PUERTO NO HA CAMBIADO: UN INFORME INTERNACIONAL SUGIERE PASOS CONCRETOS Y SOLUCIONES A LA SITUACIÓN.
Hay esperanza: El Informe que Human Rights Watch presentó este 4 de marzo sobre la violación endémica de los derechos humanos y colectivos en Buenaventura, es un reclamo justificado al mismo tiempo que un faro de esperanza ante la larga noche de exclusiones históricas, innumerables oprobios y sangrías que ha sufrido el pueblo afro-descendiente de esta región.
Hace un año, muchos nos llenamos de optimismo ante los anuncios del presidente Santos para solucionar la vergonzosa situación que significaban los destierros, las desapariciones, las masacres, la violación de niñas, niños y mujeres, las extorsiones, los robos, los desplazamiento rurales y urbanos, y los demás delitos cometidos en Buenaventura, entre los cuales destaca la aterradora tecnología de guerra denominada “casas de pique”.
Se está expulsando a los pobladores para beneficiar la reproducción del capital:
El Informe comprueba sin embargo que a pesar de los esfuerzos publicitados y de la retórica de buenas intenciones del gobierno, la injusticia en estos territorios no solo se mantiene, sino que en la mayoría de los aspectos se ha consolidado.
Semejante tragedia nos demuestra que somos un país desvergonzado, donde el clasismo y el racismo traslucen y refuerzan el desprecio hacia los marginados, sin que haya reacción por parte de las elites político-económicas ni de las multinacionales a quienes se está acabando de entregar el territorio.
Sin embargo, después de tantas décadas de espera, hay que reconocer que apenas ha transcurrido un año desde el anuncio del gobierno, de modo que no debemos agotar tan pronto la reserva de optimismo.
 Muelle en Buenaventura, Valle del Cauca. |
Siguen los problemas: Más que redundar en las cifras del informe, que ya han sido ampliamente difundidas y discutidas, conviene resaltar los grandes interrogantes que el plantea:
Como dice el texto: “si bien las medidas ordenadas por las autoridades han contribuido a reducir la violencia, el brutal control que ejercen estas bandas en muchos de los barrios permanece en gran medida intacto”.
Los indicadores coyunturales muestran una disminución pírrica de las cifras. Por ejemplo, de 5 desapariciones que se registraron en enero y febrero de 2014, se pasó a 4 en el mismo período de 2015.
No obstante, ¿cómo hablar de disminución de la violencia si las bandas criminales conservan su control y su conducta virulenta, y si siguen intactos los altos índices de exclusión (hambre, desempleo, falta de educación)?
El presidente anunció un paquete de medidas económicas y sociales integrales, complementarias de la acción militar, pero estas no se han cumplido. Por ejemplo:
- ¿Por qué no se asignan profesionales suficientes para investigar las fosas clandestinas?
- ¿Por qué no se soluciona el albergue para los desplazados, con las mínimas condiciones humanas, y se los sigue manteniendo en el estadio local?
- ¿Por qué no se han asignado fiscales suficientes para investigar las desapariciones?
La respuesta es una sola: se está expulsando a los pobladores para beneficiar la reproducción del capital y a los megaproyectos de ampliación portuaria, explotación minera y turística, y monocultivos para agro combustibles, entre otros.
Dentro de ese escenario sobran o estorban los propietarios ancestrales de estos territorios, y para los dueños de esta guerra y los gerentes del despojo solo hace falta un pequeño segmento de población como mano de obra barata. Lo demás es desecho, escoria, sobras humanas, no más.
Planes y promesas: El pasado 1 de enero se inició el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, proclamado por Naciones Unidas con el lema “Reconocimiento, justicia y desarrollo”. Sin embargo, el referido informe de la HRW presenta más bien la realidad de lo que se podría comenzar a llama “la crónica roja del decenio internacional afrodescendiente”.
En esta terrible crónica Buenaventura encabeza la lista nacional de destierros y déficit de justicia social y se presenta como un monumento emblemático a la humillación, la indefensión y al escarnio público de los afrocolombianos y los pobres del país.
Por su parte, la Presidencia ha socializado un elocuente Master Plan 2050 para Buenaventura, cuya prioridad es la competitividad y que prioriza 109 proyectos que implican la transformación radical de los patrones habitacionales de ocupación tanto rural como urbana de sus ancestrales habitantes.
En el Plan se contemplan cambios en los antiguos barrios ganados al mar (que ya no existen debido a las masacres y destierros) para ubicar la nueva zona industrial y logística, que se extiende hasta el continente y se integra a los nuevos puertos en las deltas de los ríos que desembocan en esta amplia bahía.
Pero nosotros preguntamos: ¿Para quién será Buenaventura un territorio sostenible y competitivo? ¿En reemplazo de los Caicedo, Rivas, Cuama, Montaño, Gamboa, Sanchez y demás parentelas propietarias del territorio, tenemos que entender ahora que los apellidos “sostenible” y “competitivo” son los de los nuevos dueños? ¿Cuántos habitantes podrán ejercer su derecho a conservar sus viviendas, sus familias y sus territorios? Esperamos que el Master Plan nos muestre las cifras, para así hacernos a una idea de las dimensiones de la guerra que resta.
 Niñas en buenaventura se dirigen a recibir clases de teatro en un centro comunitario. |
Construyendo alternativas colectivas: Mientras asistimos al drama del desmembramiento social, cultural y a la limpieza étnico-racial en Buenaventura, las mismas transnacionales, a través de sus fundaciones y de terceros nacionales, vienen promoviendo la formación de una capa de líderes jóvenes en el Pacifico y en los territorios afrocolombianos en que tienen concentrados sus intereses, bajo la impronta individualista del pomposo emprendimiento neoliberal
La Presidencia ha socializado un elocuente Master Plan 2050 para Buenaventura, cuya prioridad es la competitividad: Estos “nuevos emprendedores” avanzan en la legitimación del destierro, descalificando la búsqueda y construcción de alternativas basadas en sus derechos colectivos ancestrales y oficializando la mentalidad del “sálvese quien pueda”. Este mezquino liderazgo viene a acelerar la expoliación, usurpando lugares de representación y decisión, mientras promueve las virtudes de la vida urbana, fuera de los territorios colectivos.
Por su parte, frente a tantos rostros de esta destrucción, las seis recomendaciones más importantes de Human Rights Watch en su informe son:
1. Asignar fiscales e investigadores adicionales a la sede de la Fiscalía de Buenaventura que trabajen exclusivamente en casos de desapariciones;
2. Mantener suficientes investigadores especializados en Buenaventura para que continúen la búsqueda de fosas clandestinas;
3. Establecer una línea telefónica que comunique con funcionarios judiciales de Bogotá;
4. Asignar suficiente personal a la investigación de casos de homicidios, violación sexual y desplazamiento;
5. Mantener presencia policial ininterrumpida en barrios donde están activos grupos sucesores de paramilitares, y
6. Establecer en la ciudad un albergue para personas desplazadas.
Además de esto, se aconsejan las siguientes acciones comunitarias:
- Protección al “espacio humanitario” urbano, ubicado en el barrio de los nayeros y conformado por 302 familias, muchas de las cuales fueron víctimas de la masacre del rio Naya, perpetrada por grupos paramilitares entre el 10 y el 13 de abril de 2001.
- Reparación colectiva integral inmediata, por los daños causados en más de dos décadas de extermino, más allá de lo considerado en la Ley de víctimas, para que Buenaventura sea el modelo piloto para el pueblo afrocolombiano.
- Constituir un tribunal permanente por los derechos colectivos para el pueblo afrocolombiano, con acompañamiento de la corte constitucional.
- Reglamentar lo que resta de la Ley 70/93.
- Organizar una comisión garante de la reparación colectiva integral, conformada por HRW junto a otros organismos de derechos humanos como GADEIPAC, el Centro Nacional de Memoria Histórica, y monseñor Epalza, obispo de Buenaventura, el juez Baltasar Garzón, la premio nobel de paz Rigoberta Menchu, el escritor Alfredo Vanín, el premio nobel de literatura Wole Soyinka, entre otras personalidades de comprobada idoneidad y transparencia, que se puedan considerar.
Estas propuestas pueden insuflar la llama de esperanza que se alimenta con este saludable informe, que ojalá logre despertar la humanidad de los victimarios, para que no quede petrificado como otro arrume de palabras o como estrofas del infinito himno a la decidia e indiferencia estatal.
POR: SANTIAGO ARBOLEDA: Licenciado en Historia de la Universidad del Valle. Magíster en Historia Latinoamericana de la Universidad Internacional de Andalucía y Profesor del Doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.
