El procurador Alejandro Ordóñez declaró desde Cartagena que la lucha contra los cultivos ilícitos es “un deber legal y no una decisión política”.
Ordóñez insistió en que “no es explicable la premura” con la que el Gobierno está tomando la decisión de suspender las aspersiones aéreas con glifosato a los cultivos ilícitos.
“Esa ligereza con la que se ha tomado la decisión es precisamente la crítica que la Procuraduría hace y la preocupación que le asiste de que el país nade en coca en los próximos meses a partir de la suspensión de las fumigaciones”, dijo.
El pasado sábado, el presidente Juan Manuel Santos dijo que pedirá al Consejo Nacional de Estupefacientes que suspenda las fumigaciones con este herbicida. Esto se da luego de que se conociera la orden de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado para que no se use el glifosato en aspersiones aéreas a cultivos ilícitos dadas las consecuencias adversas para la salud humana.
Para Ordóñez, este cambio en la política contra las drogas constituye un “desmonte de la política contra los cultivos ilícitos”.
“Al Estado le corresponde la persecución de los cultivos ilícitos, ello no depende del interés del Gobierno”, agregó.
Ordóñez anunció que pidió informes al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Salud sobre los estudios técnicos del impacto de la aspersión de glifosato.
Finalmente, dijo que asistirá a la reunión de la Consejo Nacional de Estupefacientes que está programada para este jueves 14 de mayo. Dijo que espera que el encuentro sea un debate “y no un pupitrazo como lo están insinuando en el Gobierno”.
